Conviviendo Con Violencia Armada

UN ESTUDIO A NIVEL COMUNITARIO

Las familias de Guatemala, Honduras y El Salvador están expuestas a altos niveles de delincuencia, violencia y cultura de pandillas y, la región, sufre algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo. Las armas de fuego ilegales están ampliamente disponibles y su demanda se debe a la percepción de inseguridad, al débil control de las armas y a las deficiencias en materia de desarme tras las guerras civiles de los países.

Con el apoyo de Suiza, HALO realizó un estudio a nivel comunitario para comprender la forma en que las comunidades vulnerables se ven afectadas por el uso indebido de armas pequeñas en el Triángulo Norte de América Central: Guatemala, Honduras y El Salvador.

El objetivo del estudio era aportar un enfoque basado en las necesidades y los derechos para las futuras iniciativas de reducción y prevención de la violencia en la región. La investigación se basó en debates grupales con mujeres, niños, familias y jóvenes que viven en comunidades afectadas por altos niveles de violencia. Esto se apoyó con entrevistas con actores pertinentes, entre ellos las fuerzas de seguridad, dirigentes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, trabajadores sociales y encargados de la formulación de políticas.

El 9 de julio de 2020, HALO organizó un seminario virtual para discutir las tendencias y las posibles soluciones a la violencia armada en El Salvador, Guatemala y Honduras. Estuvimos encantados de contar con la presencia de los panelistas Sofía Martínez - Consultora de investigación y autora del informe "Conviviendo con Violencia Armada”, Carlos Fernández - Director de la ONG CESAL en El Salvador, Carmen Rosa De León - Directora Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Sostenible (IEPADES) en Guatemala y Leyla Elisa Díaz - Colaboradora del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad (DCAF) en Honduras.

El vínculo entre las armas pequeñas y la violencia letal en el Triángulo Norte es significativo. Entre 2013 y 2018, el 80% de todas las muertes violentas en Guatemala, Honduras y El Salvador se cometieron con un arma de fuego.

A pesar del vínculo entre las armas de fuego y las tasas de homicidios, los gobiernos de la región, por lo general, han tratado el control de armas como un asunto separado de los planes de seguridad más amplios.

Los ciudadanos y las empresas de seguridad privada de Guatemala, Honduras y El Salvador poseen en promedio el 73% del número total de armas de fuego registradas en la región.

Los entrevistados explicaron que las armas de fuego ilegales están ampliamente disponibles debido a la gran demanda por la percepción de inseguridad, los débiles mecanismos de control de las armas y deficiencias en los procesos de desarme tras las guerras civiles de la región.

Los grupos criminales son los que más se benefician de la violencia en las comunidades. Las bandas callejeras urbanas ejercen un estricto control territorial gracias a su importante poder de fuego con las armas, que se financia mediante la extorsión.

Aunque a nivel regional los hombres son más vulnerables a la violencia armada que las mujeres, estas últimas suelen convertirse en víctimas colaterales.

Para aquellos que trabajan y viven en zonas controladas por pandillas, el miedo es parte de la vida cotidiana, causado por la yuxtaposición de la violencia de las pandillas y la mano dura de la policía.

La mayoría de los niños y adolescentes de Guatemala y Honduras consideraban que las armas eran la mejor forma de autodefensa.

Los agentes de policía describieron un fenómeno paradójico en que los ciudadanos consideran a las pandillas como protectores, incluso si esas pandillas infligen sufrimiento a sus propias comunidades.

Los participantes mostraron desconfianza en los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

La violencia armada se considera parte de la vida cotidiana de las comunidades locales, que también se sienten estigmatizadas por ello.

La violencia se describió como un factor impulsor para que los miembros de la comunidad viajen a los Estados Unidos indocumentados, considerándola como la única forma de escapar de la violencia.

Guatemala
El gobierno local debería ampliar la aplicación de los Consejos de Desarrollo Comunitario (COCODES), que promueven la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre las políticas locales de prevención de violencia y crean espacios seguros para la interacción entre comunidades y autoridades públicas.

Honduras
El gobierno nacional debería continuar los esfuerzos actuales para reformar su policía nacional con pcapacitaiones en derechos humanos y relaciones civiles y reforzar su enfoque comunitario.

El Salvador
El gobierno debería encontrar un equilibrio entre impulsar nuevas iniciativas de prevención de la violencia y mantener los enfoques exitosos de la policía comunitaria y los comités de prevención de la violencia. Las autoridades deberían seguir ofreciendo proyectos de rehabilitación y prevención a los jóvenes en situación de riesgo.

Enfoques regionales

Aumentar la inversión en desarrollo y educación en las zonas de alto riesgo.

Reconocer la violencia armada como un problema de salud urgente.

Educar a los niños y adolescentes sobre los peligros del uso indebido de las armas.

Promover la cooperación regional en materia de control de armas y conformar la legislación sobre armas de fuego de cada país de acuerdo con las normas internacionales.

Mejorar las capacidades técnicas y promover la transparencia en el registro de armas de fuego, mejorar la seguridad de los almacenes de armas y destruir los excedentes para evitar que caigan en manos equivocadas.

Adoptar un enfoque de género en las iniciativas de control de armas, incluida la promoción de la participación de las mujeres en los órganos de adopción de decisiones.

The HALO Trust desea agradecer a Suiza su apoyo al proyecto de investigación y a todas las personas de los países del Triángulo del Norte por haber prestado su tiempo para participar en las entrevistas. Agradece especialmente a las mujeres, padres, niños y jóvenes de Guatemala, Honduras y El Salvador que participaron en las entrevistas grupales y compartieron sus testimonios, así como a las ONG locales IEPADES (Guatemala), Buenas Acciones Honduras y Tutela Legal (El Salvador) por su apoyo y gestión. *Se han cambiado los nombres de las personas para proteger su identidad.

Investigador y autor: Sofía Martínez Fernández